Buscan frenar la entrega de ARSAT y soberanía satelital a extrangeros

Buscan frenar la entrega de ARSAT y soberanía satelital a extrangeros

El abogado que logró que la Corte convocara a audiencias públicas para el gas, Mariano Lovelli, hizo una presentación y un pedido de cautelar a fin de que no avance el contrato con una firma de EE.UU. para disolver la soberanía de Arsat. Violaría la ley porque el Congreso no dio el sí. Las autorizaciones se basan en acuerdos de reciprocidad con Estados Unidos, México, Brasil y España, aunque en los hechos esos convenios tienen poco de recíprocos. A su vez, la demora en la construcción del Arsat-3 puso en riesgo la conservación de la posición orbital 81.

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La obra tiene autor y personajes pero anda en busca de un juez que la lea. Y eso que el conflicto suena interesante: ¿es legal que se asocien Arsat y la empresa norteamericana Hugues pasando por encima del Congreso? El abogado Mariano Lovelli, el mismo que en 2016 logró que la Corte Suprema ordenara una audiencia pública para discutir las tarifas de gas, camina con la presentación bajo el brazo. Hasta ahora una jueza y un juez se declararon incompetentes.

El gobierno de Mauricio Macri autorizó a catorce satélites extranjeros a operar en el país en poco más de un año y medio de gestión. La gran mayoría de esos aparatos le quitan mercado a la estatal Arsat. Las autorizaciones se basan en acuerdos de reciprocidad firmados con Estados Unidos, México, Brasil y España, aunque en los hechos esos convenios tienen poco de recíprocos. La decisión pareciera ser avanzar hacia una política de cielos abiertos satelitales que entra abiertamente en contradicción con la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en noviembre de 2015. A su vez, la demora en la construcción del Arsat-3 puso en riesgo la conservación de la posición orbital 81 Oeste.

La competencia para Arsat creció de manera vertiginosa desde el segundo semestre del año pasado. El 3 de agosto de 2016 el Gobierno dio el primer indicio de hacia dónde iba al publicar en el Boletín Oficial una resolución en la que autorizó a la empresa New Skies Satellites, propiedad de SES, a brindar servicios en el país con el satélite NSS-806 en la posición orbital 47.5 Oeste. Fue una oficialización de algo que ya venía ocurriendo porque ese satélite había sido autorizado a operar en Argentina en agosto de 2000 en la posición 40.5 Oeste y en 2014 fue desplazado de hecho a la posición 47.5. Cuando SES concretó ese corrimiento, lo hizo para poner el satélite SES 6 en 40.5°. Por lo tanto, desde entonces ambos aparatos operan en tándem lo que le permitió a la firma mejorar su capacidad de transporte de señales audiovisuales HD en América del Sur.

El 19 de agosto del año pasado se habilitó al Eutelsat 113 WA haciendo valer un convenio de reciprocidad con México, pese a que desde 2014 la mexicana Satmex pasó a ser controlada por la francesa Eutelsat, a punto tal que cambió su nombre por Eutelsat Americas. Al mes siguiente apareció en el Boletín Oficial una autorización para que DirecTV pudiera operar por dos años con el satélite Spaceway2, nave que ni siquiera tiene aprobados los derechos de aterrizaje en el país. El 3 de octubre se habilitaron los Eutelsat 115 WA y Eutelsat 117 WA que operan en bandas Ku y C, al igual que el Arsat 2. Ese mismo mes también se autorizó a la firma Southern Satellites Corporation a operar con Intelsat 30 e Intelsat 31. En febrero fue el turno del Hispasat 30W-4, en abril de Hispasat 30-5 e Intelsat 35e y en junio se sumó Amazonas 3 haciendo valer el acuerdo de reciprocidad con Brasil ya que el aparato está registrado por Hispamar, la subsidiaria brasileña de la española Hispasat. En julio, el listado se completó, al menos hasta ahora, con las autorizaciones de Amazonas 2, Intelsat-29e –que transmite en las bandas de frecuencia Ku, C y Ka– y el Intelsat-34, que opera 24 transpondedores equivalentes de 36Mhz en Banda Ku y 24 en BandaC con cobertura sobre América y Europa.

Algunos de esos satélites, como Hispasat 30W-4, Hispasat 30-5 y Intelsat-34, incluso venían operando de manera ilegal antes de tener luz verde del regulador. De hecho, PáginaI12 denunció la situación irregular del Hispasat 30-5 el 30 de septiembre del año pasado. La reacción oficial fue aplicarles multas a Hispasat y Southern Satellites, pero casi el mismo tiempo que los sancionó les autorizó sus satélites.

En todos los casos el argumento oficial es que hay convenios de reciprocidad vigentes, pero esa reciprocidad es tan desequilibrada que si existiera la voluntad política de forzar una renegociación se lo hubiera hecho. El mejor ejemplo en lo que ocurre con Estados Unidos. El portal latamsatelital.com recordó el 14 de julio que el acuerdo con Estados Unidos fue firmado en 1999 y desde su entrada en vigencia se autorizaron en Argentina 28 satélites de Intelsat mientras que en Estados Unidos se autorizó a operar sólo a ARSAT-2, lanzado en 2015, el cual dispone de un haz con cobertura en ese país (432 Mhz como máximo).

El masivo desembarco de operadores extranjeros puso en jaque el modelo de negocios de Arsat. PáginaI12 reveló a fines de junio que la compañía todavía tenía capacidad disponible en sus dos satélites. Las cifras oficiales mostraban que en mayo Arsat 1, que dispone de 1152 Mhz en banda Ku, tenía una ocupación del 78 por ciento, mientras que Arsat 2, con 1044 Mhz en banda Ku y 464 Mhz en banda C, poseía un 74 por ciento de su capacidad ocupada en banda Ku y apenas un 11 por ciento en banda C. Luego de la publicación de esos datos, la empresa informó que había colmado la capacidad del Arsat-2, pero solo lo hizo en banda Ku, pues en banda C todavía queda capacidad sin vender.

La mayor competencia extranjera y el recorte de todo tipo de recursos por parte del Tesoro dejó a Arsat en una situación comprometida y la construcción del Arsat-3 desde hace tiempo está en suspenso. Un sector del gobierno impulsó la firma de un acuerdo con el operador estadounidense Hughes para reflotar el proyecto, pero por ahora ni siquiera esa polémica iniciativa avanza. El congelamiento del plan satelital puso en riesgo la posición orbital 81 longitud oeste, que podría perderse en septiembre de 2019 si Argentina no coloca un nuevo satélite en el espacio para esa fecha. El 28 de marzo de este año, el subsecretario de Planeamiento, Hugo Miguel, le advirtió por escrito sobre esta situación al secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici. En esa comunicación, Miguel detalló una serie de alternativas que se podían seguir para evitar la pérdida de los derechos de administración de esa posición orbital, pero desde entonces Huici no le comunicó ningún avance a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Los críticos del gobierno sostienen que la inacción no es inocente y apunta a favorecer a todas las compañías extranjeras que desembarcaron durante el último año y medio.

Lo que busca el abogado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Participación (Cepis) es que la Justicia diga si es constitucional que la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima Ar-Sat haya firmado una carta de intención precontrato con la firma Hugues Network Systems. Lovelli presentó lo que en Derecho conocen como “acción declarativa de certeza”. La certeza estaría dada por el modo en que se interpreta la Constitución y las leyes. Y parte de la presunción de que el acuerdo de las dos empresas busca evitar “el control del Congreso Nacional” según lo establecido por la ley 27.208. La otra pregunta al juez o a la jueza que tome el caso es si la escisión de Arsat prevista en el memo de entendimiento no necesita la aprobación de los dos tercios del Congreso.

Una presunción más: según Lovelli se estaría violando “el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, a las tecnologías de la información y las comunicaciones”. El cambio de naturaleza de Arsat haría más difícil de alcanzar el objetivo de lograr “la independencia tecnológica y productiva de nuestra nación”.

Lovelli inició los trámites en el fuero civil. Pero el 23 de agosto el juez Francisco de Asís Soto, cabeza del Juzgado Civil y Comercial Federal número 4, se declaró incompetente siguiendo el dictamen de la fiscalía. Luego fue el turno del fuero contencioso administrativo federal. El sorteo colocó la causa en la órbita de la jueza Rita Ailan, la misma que tiene delante suyo el amparo que impugna el decreto de blanqueo de capitales para los familiares de los funcionarios del Estado. Ailan acaba de dar traslado para que el Estado nacional conteste la demanda del blanqueo, con todos los plazos del blanqueo cumplidos, y en la causa Arsat se declaró incompetente. Los diputados nacionales del Frente para la Victoria Wado de Pedro, Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade también se presentaron en la causa judicial adhiriendo a la pretensión del Cepis, con el patrocinio del propio Lovelli. La cámara del fuero debe resolver cuál es el camino a seguir.

Explicaciones

En búsqueda de certificaciones de legalidad, la presentación pide determinar la capacidad del actual presidente de la compañía, Rodrigo de Loredo, para firmar el precontrato “sin autorización del directorio ni de una asamblea general de la sociedad anónima Arsat”.

Además de las declaraciones de certeza, el reclamo que hasta ahora nadie quiso atender solicita una medida cautelar para que el contrato con Hugues no avance hasta que el tema de fondo quede resuelto.

La presentación tiene un apartado especial sobre “la importancia de preservar las posiciones asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Comunicaciones”.

Algunos datos clave:

  • Los satélites geoestacionarios son elementos que se diseñan y construyen para ser colocados a una distancia de alrededor de 36 mil kilómetros de altura para recibir y transmitir información a través de antenas de comunicaciones u otros elementos ubicados en una posición de la superficie terrestre.
  • En un país como la Argentina la tecnología satelital ahorra la instalaciones de miles de kilómetros de redes y cables. Se puede transmitir información de la Antártida a La Quiaca.
  • El desarrollo digital mejora significativamente el Producto Bruto Interno.
  • A determinadas longitudes pueden ubicarse determinada cantidad de satélites y no más, o sea que existe un número fijo para colocar satélites de comunicaciones. La UIT determina las posiciones orbitales para cada nación y reserva los espacios. Si después no se ocupan la UIT ofrece la posición a otro país.
  • Después de varios fracasos, en 2004 el gobierno argentino pidió prorrogar la posición orbital mientras resolvía constituir una sociedad anónima con mayoría estatal, Arsat. El Congreso resolvió que el Estado tuviera el 100 por ciento de las acciones. El objeto de Arsat sería realizar por sí misma, a cuenta de terceros o asociada a terceros el diseño, el desarrollo, la construcción el lanzamiento y la puesta en servicio de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. El contratista principal fue otra sociedad del Estado, Invap.
  • El Arsat-1 fue puesto en órbita el 13 de diciembre de 2014.
  • La Argentina se convirtió en uno de los ocho países en el mundo que desarrollan y producen sus propios satélites geoestacionarios.
  • Se puso en marcha el Arsat-2, lanzado el 30 de septiembre de 2015.
  • “A la fecha toda la capacidad operacional de ambos satélites se encuentra comercializado y generando ingreso de divisas genuino para el país, lo que implica que la firma tiene capacidad financiera propia para impulsar el plan de desarrollo satelital sin comprometer ni poner en riesgo cierto una política de Estado.”

En otra parte de la presentación del Cepis, Lovelli recordó que el 4 de noviembre de 2015 el Congreso sancionó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, la número 27.208. El texto legal declaró de interés nacional el desarrollo de la industria satelital. El plan satelital fue declarado de interés público.

El artículo 8 de la ley estableció lo siguiente: “El capital social de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT estará representado en un 51 por ciento por acciones Clase A, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.

El artículo 10 también estipula la necesaria autorización del Congreso para “cualquier acto que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las tecnologías de la información”.

Para evitar dudas, la ley fija que las autorizaciones parlamentarias requerirán del voto de los dos tercios de los miembros del Congreso, es decir de una mayoría especial y agravada de los legisladores de ambas cámaras.

Ese mismo marco sería el del Arsat-3, pero según la demanda “la conducción de la firma suspendió durante más de 17 meses la construcción del satélite, incumpliendo no solo el mandato legal sin afectando en forma irreversible la ampliación de la frontera tecnológica argentina”.

No sería el único ni el mayor problema, de acuerdo con los términos de la demanda.

Desinversión autogenerada

Un punto de conflicto es que desde comienzos de 2016 la empresa “solo pudo vender espacio a la productora Torneos y Competencias del Grupo Clarín” y perdió clientes como Velconet. Dice Lovelli que Loredo inició entonces una campaña publicitaria “buscando atribuir la suspensión de Arsat-3 a la falta o escasa comercialización de Arsat-2”. Al mismo tiempo, la firma “autorizó el funcionamiento de doce satélites extranjeros”, lo cual perjudica “notablemente las posibilidades futuras de Arsat SA”. Por la falta de decisiones de avance podría perderse en septiembre de 2019 una posición orbital. Sería una profecía autocumplida: la construcción de un vacío que implicaría, al final, incluyendo el éxito de profesionales de Invap, la pérdida de la posición. “Contexto de desinversión autogenerado”, lo llama la demanda de Lovelli.

En este contexto fue que, a la vez, De Loredo firmó en los Estados Unidos la carta de intención con Hughes para crear una nueva empresa a la que provisoriamente llamaron Newco. El acuerdo habla de “crear una nueva empresa (“Newco”) en la Argentina para proveer servicios de banda ancha por satélite en la Argentina a partir de un satélite de comunicaciones geoestacionario, actualmente conocido como Arsat-3 y que será adquirido y propiedad de Newco”. Para Lovelli se trataría de “un posible contrato con una empresa extranjera” para “el incumplimiento de una ley argentina”. Porque, para colmo, Newco contemplaría una integración accionaria del 49 por ciento para Arsat y del 51 por ciento para Hugues. Y podrían incorporarse terceros. Por eso sería una escisión de Arsat, es decir el proceso por el cual “una sociedad destina parte de su patrimonio para la creación de una nueva sociedad”. Este aspecto se vería reforzado porque el precontrato sería negociado siguiendo las leyes de Nueva York.

Para el abogado del Cepis, más allá de las decisiones políticas o tecnológicas, el compromiso de ceder el 51 por ciento del Arsat-3 y el espacio orbital debería pasar por la autorización previa del Congreso y su mayoría especial. Si no, sería ilegal.

Solo falta que ahora la Justicia encuentre su posición orbital.

FuentePágina 12
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