El pedido de “Justicia por Emilia” y el silencio cómplice del estado...

El pedido de “Justicia por Emilia” y el silencio cómplice del estado Municipal

A seis meses de la muerte de la joven Emilia Uscamayta Curí en una fiesta clandestina el pasado 1 de enero en la zona de Melchor Romero, siguen existiendo trabas para llevar adelante el pedido de justicia en una causa plagada de negligencias, complicidades y negociados.

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En el día de ayer, a partir de las 12 hs estaba programado un festival, de masiva convocatoria, para mantener levantadas las banderas y los reclamos a la justicia platense en función de que se active la causa.
Tras haber presentado la nota correspondiente solicitando el permiso y la habitación para realizar el acto, el Director de espacios Públicos de la Municipalidad de La Plata, Marcelo Dimeola, denegó tal permiso alegando que no contaban con el personal suficiente ni podían garantizar las medidas de seguridad pertinentes ya que, en su mayoría, estaban abocados al festival “Provincia emergente” que organizó la gobernación y que se llevó a cabo durante este fin de semana.

Lo llamativo es que el Municipio de la Ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires no tenga – al menos eso es lo que se informó – los recursos necesarios para permitir que en la ciudad se realicen dos festivales el mismo día.
En los días previos al sábado, y entre muchas otras dilaciones, se solicitó a las autoridades municipales la bajada de electricidad para el armado del sonido, las luces y demás cuestiones pero esto también fue negado, por lo tanto se debió recurrir a un grupo electrógeno para garantizar el buen desarrollo del festival. Así todo, la familia de Emilia junto con las organizaciones que acompañan en el reclamo, jamás obtuvieron la habilitación correspondiente.
Recién el viernes 1 de julio, un día antes de la realización del evento, y mediante una comunicación telefónica con Cristian Uscamayta, hermano de Emilia, Dimeola le comunicó que no se podía llevar adelante el festival.

El festival no se llevó a cabo. La misma ausencia del Estado Municipal para garantizar el cuidado de Emilia y de todas las personas que participaron de aquella noche fatal, se mantiene hoy ante cada pedido de justicia de los familiares y de las organizaciones sociales que acompañan la lucha.
Claramente esto no es una negativa por cuestiones técnicas o logísticas, sino que responde a una decisión política de no permitir que visibilice un reclamo que tiene como principales acusados a funcionarios del Gobierno Municipal, así como también a personas cercanas a los gobiernos provinciales y nacionales.

Los imputados de la causa

En la causa por la muerte de Emilia hay cuatro imputados, de los cuales tan solo uno, Gastón Haramboure está detenido. Haramboure ya había sido condenado a prisión domiciliaria por la muerte de Juan Andrés Maldonado en el año 2009 en el local bailable “Alcatraz” de la ciudad vecina de Berisso. A pesar de esta condena, participó y fue uno de los organizadores de la fiesta en Melchor Romero.
Otro de los imputados es Raúl Ismael “Peque” García, empresario de turismo y organizador de varias fiestas en la ciudad de La Plata, quien además se lo ha podido ver en varios actos de campaña, tanto de María Eugenia Vidal, cuando era candidata a Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, así como también estuvo presente en el búnker de campaña de Mauricio Macri, en las elecciones generales del año 2015.
Santiago Piedrabuena, dueño del boliche bailable “737”, quien también tiene una condena por portación de armas de fuego, fue otro de los organizadores de la fiesta donde murió Emilia. Además, Piedrabuena es íntimo amigo de del subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de La Plata, Juan Manuel Martínez Garmendia.
El cuarto imputado en la causa es Carlos Bellone, dueño de la quinta donde se realizó la fiesta clandestina.
La causa está paralizada y según los testimonios del abogado de la familia Uscamayta, Adrián Rodriguez, la actuación del Fiscal Álvaro Garganta deja en claro que “le está haciendo el juego a los empresarios de la noche y al intendente Julio Garro”.
Es importante destacar que se exige el cambio de carátula: de homicidio culposo (que corresponde con hechos accidentales), a homicidio simple con dolo eventual (corresponde a un conocimiento de responsabilidad).

Una red de complicidades

La muerte de Emilia no es un hecho aislado. Existen múltiples conexiones que involucran a los imputados en esta causa con funcionarios y funcionarias de la política, así como también con personajes que han participado y organizado otras fiestas. Una de ellas es la “Time Warp”, que se llevó a cabo en Costa Salguero y en la que murieron cinco jóvenes. Previo a esta fiesta electrónica se detuvo a Exequiel Galicio, oriundo de Los Hornos, y a Luis Fabrizzi, estudiante de derecho y militante de Franja Morada (el brazo universitario de la Unión Cívica Radical) que mantiene una estrecho vinculado con el frente Cambiemos de La Plata. Ambos viajaban desde la ciudad de La Plata en un micro escolar rumbo a la Capital Federal. De allí se secuestraron 182 pastillas de éxtasis, dosis de LSD y marihuana. Se incautaron también varios frascos de cocaína y “popper”. Estos dos detenidos son patrocinados por los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón. Este último es relator en la Cámara de Diputados bonaerense, donde trabaja junto a la legisladora de la UCR en el bloque Cambiemos, Sandra Silvina Paris.
Además, estos dos abogados defienden a Carlos Bellon, Gastón Haramboure y a Raúl “Peque” García, tres de los cuatro imputados en la causa por la muerte de Emilia.

Estos vínculos políticos, empresariales y judiciales dan cuenta del grado de impunidad y de corrupción que existe en las estructuras de poder. Lo cierto es que esto no tiene lugar en los grandes medios de comunicación, tanto a nivel local como nacional. El blindaje mediático permite que solo se vean las miserias de algunos sectores políticos y no de otros. Así es como se logran tapar los negociados, las complicidades y los pactos espurios que dan vía libre, sin control alguno, a intereses únicamente comerciales para llevar adelante eventos multitudinarios como la fiesta donde murió Emilia Uscamayta Curí.

Doble estándar

Dentro de un contexto en el cual el Intendente de la Municipalidad de La Plata, Julio Garro no duda en clausurar y cerrar numerosos bares y centros culturales como por ejemplo el paradigmático caso del bar “Pura Vida”, que abre el espacio y promueve la música local. La Municipalidad no otorgaba la habilitación para realizar recitales y shows en vivo y por este motivo decidió clausurarlo. Luego de varias presentaciones cajoneadas, movilizaciones y manifestaciones se logró revertir la situación.
Pero es el mismo Estado Municipal el que permite que se lleven a cabo fiestas y eventos clandestinos, sin ningún tipo de autorización y que ponen en riesgo la vida de muchas personas. El caso de Emilia es un ejemplo claro de la desidia estatal y de los negocios existentes con los empresarios que lucran con estos eventos fatales y que se ocultan en la noche y en la impunidad de los poderosos de turno. Vale decir que existían varias denuncias de vecinos y vecinas de la quinta de Melchor Romero, así como también actas de prohibición. Así todo, la fiesta se realizó igual.

La lucha y el pedido de “Justica por Emilia” seguirán presente en las calles, que es donde la los movimientos sociales y populares hacen visible sus demandas y su capacidad de acción. Para que, en este caso, la muerte de Emilia no sea en vano y las responsabilidades y complicidades políticas, judiciales y empresariales sean condenadas.

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